Sin atención sanitaria básica en Sudán

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) se ha visto obligada a suspender su actividad en la zona de conflicto de Jebel Si, en Darfur del Norte (Sudán). Las razones que han dado en su comunicado son las trabas y restricciones que les han impuesto las autoridades.

MSF es el único agente de salud básica en la región. "Con la reducción de actividades en Jebel Si, más de 100.000 personas se han quedado sin ningún tipo de atención sanitaria", denuncia Alberto Cristina, responsable de las operaciones de MSF en Sudán.

Durante el último año, los obstáculos que ha afrontado la asociación han sido cada vez mayores. El último envío autorizado de medicamentos (aunque incompleto) fue autorizado en septiembre de 2011.

La falta de suministros y personal médico en la zona ha impedido que MSF ofrezca consultas, servicios de hospitalización e incluso, el programa de vacunación. La asociación afirma que las limitaciones les han afectado hasta el punto en que no pueden practicar cesáreas en parto complicados.

La Alianza contra la Pobreza pide al Gobierno que paralice el recorte social

La Alianza contra la Pobreza pide al Gobierno que paralice el recorte social

La Alianza Española contra la Pobreza propone en el Congreso de los Diputados que los recortes se centren en el fraude fiscal y no en los derechos sociales.

Lo hace mediante una carta que ha entregado, de manera simbólica, al portavoz popular en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Antonio Gallego, para que sus propuestas se incluyan en el  debate de la Ley Presupuestaria.

Consideran que si se penalizara el fraude fiscal y mediante impuestos a las transacciones, se recaudarían unos 40.000 millones de euros, el equivalente a los recortes planteados. Esto supone una recaudación tres veces superior al recorte aplicado a las ayudas al desarrollo. La Alianza aprovecha para recordar que cientos de millones de personas son beneficiarias directas de la cooperación española.

Además, para la organización no pasan desapercibidos los doce millones y medio de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para garantizar sus derechos, piden que el PIB incluya un 30% al gasto social. Destaca, en la carta, la necesidad de mantener e igualar con la UE las partidas presupuestarias en educación y sanidad.

La organización recoge una amplia variedad de representantes de la sociedad civil, que luchan contra la pobreza y la exclusión social.

El Estado debe adecuarse a la situación económica actual y afrontar su responsabilidad en los derechos constitucionales de la ciudadanía, según la carta.

Resaltan también la importancia de avanzar en la recaudación fiscal a nivel proporcional. Por ello, aportan datos comparativos de recaudación en España y otros países.